Resumen: El demandante sufrió accidente de su trabajo como marinero por colisión de su embarcación con otra. Incompetencia de jurisdicción respecto de la reclamación frente al tercero responsable del accidente. El juzgado absolvió al empresario y declaró la incompetencia de la jurisdicción social para entender de la reclamación frente al propietario el patrón y la aseguradora del barco causante de la colisión. Estos últimos recurren solicitando se supriman de la sentencia las menciones a la forma en que sucedió el accidente por causarles indefensión. La Sala desestima este recurso pues la sentencia no vincula ni afecta a un procedimiento ulterior y era necesaria esta referencia para determinar si existía responsabilidad del empresario. El recurso del trabajador se funda en jurisprudencia anterior en cuanto a responsabilidad de tercero en accidentes de trabajo, que la Sala rechaza por cuanto al no existir responsabilidad alguna del empresario no es posible resolver por la jurisdicción social respecto de la responsabilidad de un tercero en el acto del que derivó el accidente laboral.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un expediente de regulación de empleo en el marco de un despido colectivo. El Juzgado de lo Mercantil dictó auto mediante el que aprobaba la extinción de la empresa para la que trabajaba la demandante, siendo inadmitida por ese Juzgado la demanda de incidente laboral individual formulada por la demandante. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, analiza los motivos que considera están defectuosamente formalizados, y, como consecuencia de ello, confirma el auto recurrido.
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un expediente de regulación de empleo en el marco de un despido colectivo. El Juzgado de lo Mercantil dictó auto mediante el que aprobaba la extinción de la empresa para la que trabajaba la demandante, siendo inadmitida por ese Juzgado la demanda de incidente laboral individual formulada por la demandante. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, analiza los motivos que considera están defectuosamente formalizados, y, como consecuencia de ello, confirma el auto recurrido.
Resumen: RCUD. Impugnación pluri-individual el 24-6-2020 ante el JS, de varios trabajadores frente a una empresarial concursada que ha visto extinguidos los contratos de trabajo mediante un despido colectivo autorizado por el Juez del Concurso (AJM 30-7-2019). El JS declara su incompetencia jurisdiccional, que confirma el TSJ. Se debate la competencia del Juzgado de lo Mercantil en un supuesto en el que la demanda por despido se fundamenta en cesión ilegal de trabajadores demandando a otras empresas no concursadas. La sentencia recurrida en rcud extiende por analogía el criterio del artículo 64.5 de la Ley Concursal vigente al momento procesal, referido a los supuestos de grupo de empresas laboral, a los casos de cesión ilegal de trabajadores. Falta de contradicción
Resumen: La trabajadora demandante se vio afectada por un expediente de regulación de empleo en el marco de un despido colectivo. El Juzgado de lo Mercantil dictó auto mediante el que aprobaba la extinción de la empresa para la que trabajaba la demandante, siendo intimidad por ese Juzgado la demanda de incidente laboral individual formulada por la demandante. La Sala, al analizar el recurso de suplicación de la demandante, analiza los motivos que considera están defectuosamente formalizados, y, como consecuencia de ello, confirma el auto recurrido.
Resumen: El recurso por defecto de jurisdicción exige una sucesiva declaración de falta de jurisdicción, primero por el órgano judicial del orden ante el que se hubiese formulado inicialmente la pretensión y posteriormente por el órgano jurisdiccional al que aquel se hubiese remitido. Si este requisito procesal concreto no se cumple, la Sala de Conflictos no puede pronunciarse, exigencia que, por otra parte, no es contraria al art. 24 CE ni desproporcionada o arbitraria, al no privar a las partes del posible ejercicio de sus derechos en la forma que crean oportuno, limitándose a indicarles que lo hagan por el cauce legalmente previsto. En el caso, no concurre este presupuesto de admisibilidad, pues el órgano de lo contencioso-administrativo sigue conociendo en fase declarativa del procedimiento promovido ante él -aunque entendiese que se había producido una indebida acumulación de acciones, sobre una de las cuales remitió a la parte a la jurisdicción social, manteniendo su competencia respecto de otra de las ejercitadas-.
Resumen: Se interpuso demanda en la que se solicitaba que la empresa demandada cotizara correctamente por la trabajadora accionante y en concreto respecto de percepciones en concepto de dietas que deberían cotizar a la seguridad social, solicitando que la empresa efectuara tales cotizaciones y que indemnizara a la actora por daños y perjuicios El juzgado inadmitió la demanda declarando la competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo. La Sala estima parcialmente el recurso pues la petición de daños y perjuicios se ciñé exclusivamente a los causados a la trabajadora por la referida infracotización, lo que es incardinable entre las recñlamaciones entre empresarios y trabajadorfes competencia del orden social, mientras que las relativas a cotización es competencia de Hay que aclarar que la trabajadora fue objeto de una liquidación tributaria en su perjuicio por no haber declarado como ingresos lo que la empresa le abonaba en concepto de dietas.
Resumen: La Audiencia Nacional considera que la convocatoria de empleo público efectuada por una Sociedad Mercantil Estatal debe ser impugnada ante la jurisdicción social y por los trámites del conflicto colectivo, por lo que resulta competente para conocer de la demanda planteada. Dicha convocatoria no se trata de un acto administrativo, toda vez que estas actuaciones de las Sociedades mercantiles públicas no se encuentran sujetas al derecho administrativo.
Resumen: El recurso de la empresa demandada va dirigido a que se declare que no existe relación laboral. Se cuestiona la competencia territorial del órgano administrativo que resuelve: la Dirección Especial de Inspección; que se rechaza al trener competencia para actuar en la totalidad del territorio español en los ámbitos que fija la norma -Ley 23/2015-. Se cuestiona la legitimación del sindicato que se rechaza en cuanto comparece en su calidad de interesado, explicitándose en qué consiste y el porqué se le tiene popr legitimado. Se cuestiona el valor del acta de la Inspección y que la Sala lo desestima en cuanto el recurso se sostiene en cuestionar la valoración de los medios de prueba y sin que concurra arbitrariedad en la misma tanto como se transcriben los razonados argumentos. La Sala analiza en extenso las diversas circunstancias que concurren para inferir que la relación era laboral, y concluye que concurren la ajenidad y el caracter personal de la prestación y sin que concurra circunstancia alguna en la prestación de servicio que conlleve la excluisión de la laboralidad.
Resumen: Conflicto Colectivo. Se pretende y estima derecho trabajadores con ayudas "Margarita Salas" para jóvenes doctores y que realicen estanca extranjero percibir salario importe bruto mensual de 3.500 euros, estando incluido dentro del mismo la cuota patronal. Ello tampoco es admisible, la retribución de este personal viene delimitada por las bases de la Resolución de 2 de julio del 2.021 de la UPV /EHU, y, si bien, el citado acuerdo, que no fue firmado por el sindicato demandante, pero si por el resto de los sindicatos, delimita identificando como referente retributivo mínimo al profesorado adjunto, no por tal deben ser retribuidos conforme a estos pues refiere, insisto, a referente retributivo mínimo.
